Aprobada la Reforma de la Ley de Suelo para Reforzar la Seguridad Jurídica en el Urbanismo

El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación crucial de la Ley estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana, con el propósito de brindar una mayor seguridad jurídica y evitar la anulación completa de instrumentos de ordenación territorial y urbanística por errores de forma subsanables. Esta medida, que responde a una demanda significativa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y diversos ayuntamientos, busca estabilizar y garantizar el marco legal para el desarrollo urbano sostenible.

Enfocados en la Estabilidad Urbana

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, enfatizó que esta reforma proporcionará estabilidad, certeza y, sobre todo, seguridad jurídica en el ámbito urbanístico. Además, resalta la importancia de los planes urbanísticos como herramienta fundamental para el desarrollo sostenible de las localidades, la política de vivienda, la creación de empleo y el impulso económico nacional.

Atendiendo a las Singularidades del Planeamiento

La modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana atiende especialmente a las particularidades del planeamiento de ordenación territorial y urbanística, focalizándose en los trámites procedimentales, la legitimación para el ejercicio de acciones y la identificación de posibles irregularidades que puedan llevar a su declaración de ilegalidad.

Posiciones Divergentes

Ante la oposición de la formación Podemos a esta reforma, la portavoz del Gobierno instó a los grupos parlamentarios a expresar sus posturas en el Congreso de los Diputados durante el debate y trámite legislativo. Aunque se reconoce una vocación mayoritaria por aprobar la ley, se espera un diálogo constructivo para abordar las diferentes perspectivas.

Respuesta a las Demandas Municipales

La vicepresidenta de la FEMP y alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, celebró la aprobación de esta modificación, destacando que responde a una petición unánime de la federación para brindar una mayor seguridad jurídica a los ayuntamientos en la tramitación de sus planes urbanísticos. Esta medida se considera fundamental para evitar la paralización de proyectos debido a defectos formales mínimos, asegurando así la estabilidad legal de las administraciones locales.